Estefanía Roberta Vásquez
Distintos derechos han surgido desde que llegaron el internet y la tecnología a nuestras vidas, pues nuestro entorno es cada vez más digital, incluso desde 2016 prohibir o impedir el acceso a Internet es considerado una violación de los derechos humanos según la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Cuando hablamos de Derechos Digitales, España es uno de los países que más se está ocupando del tema, recientemente publicaron un documento denominado Carta de los Derechos Digitales1, entre los que resaltan:
- Derecho de la identidad en el entorno digital
- Derecho de la persona a no ser localizada y perfilada
- Derecho a la herencia digital.
- Derecho al acceso a internet.
- Derecho a la protección de menores de edad en el entorno digital.
- Derecho a la neutralidad de internet.
- Derechos en el ámbito laboral.
- Derecho a un entorno tecnológico y a un derecho digital sostenible.
La agencia de protección de datos española, también ha señalado los derechos que giran en torno a la protección de datos, como lo son el derecho de acceso, es decir, saber cómo han obtenido nuestros datos, como se utilizaran, cuánto tiempo se utilizaran y cuánto tiempo se conservaran; el derecho a solicitar a un responsable, al cual podemos pedir que suspenda el tratamiento de los datos; derecho a rectificar, que consiste en pedirle al responsable de los datos, que no utilice más nuestros datos, pero que conserve la información; el derecho a suprimir los datos, que se refiere al derecho al olvido, es decir, el derecho que se tiene a que en buscadores y redes sociales se pueda eliminar algún dato por ya no estar vigente y el derecho a oponernos al tratamiento de los datos, que se utiliza sobre todo cuando los datos son tratados en actividades de marketing y publicidad.
Este marco que ha desarrollado España para regular los derechos digitales, nos da luces de lo que debemos estar ya realizando los demás países en cuanto a este tema se refiere. Debemos seguir apoyando el desarrollo tecnológico, pero también debemos incentivar la creación de un marco normativo que proteja nuestros derechos también en la red.
Referencias: